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Semana caliente en los juzgados en relación al Black Friday

Howard Lederer, incluido en la demanda civil derivada del Black Friday
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Howard Lederer y Chris Ferguson han presentado una moción de descargo para que se retiren los cargos que fueron presentados contra ellos por la justicia norteamericana mediante la ampliación de la demanda civil abierta el 14 de abril de 2011, la víspera del Black Friday. Rafe Furst y el fondo financiero asociado a él, el Telamonian Ajax Trust, también han presentado mociónes de descargo al respecto.

La ampliación de la demanda civil señalaba a estos tres jugadores como miembros de la directiva de Full Tilt Poker y, por tanto, responsables en las operaciones consideradas ilegales por la justicia norteamericana y que llevaron al cierre efectivo de la sala.

El pasado 29 de junio, la fiscalía norteamericana solicitó una ampliación del plazo límite para la presentación de estas mociones, con el fin de “terminar las negociaciones dirigidas a lograr un acuerdo”, lo que la mayoría de afectados interpretó como una señal inequívoca de que las negociaciones para la venta de FTP a PokerStars seguían en marcha y estaban cercanas a completarse.

Ese nuevo plazo se cerraba esta madrugada y fue aprovechado por todos los directivos implicados en el caso de Full Tilt Poker, algo que la propia sala, como empresa, no ha hecho. Tampoco AbsolutePoker ha presentado documento alguno. PokerStars, sin embargo, sí que ha hecho uso de su derecho y ha presentado su correspondiente papeleo, lo que silencia las especulaciones sobre una posible firma del acuerdo de compra de Full Tilt, que ahora no parece demasiado factible hasta que un juez acepte o rechace la reclamación de inocencia.

Mucha gente deseaba ver en una posible renuncia al derecho de contestar las acusaciones recogidas en la demanda civil ampliada por parte de PokerStars como la confirmación de la compra de Full Tilt Poker por parte de la sala de la pica roja, supuestamente parte de un trato con la fiscalía.

La lectura final de estos procedimientos es que el calendario legal sigue su curso normal, el que sólo podría ser desviado por un acuerdo entre las partes que aún no se ha cerrado definitivamente.

Mientras, el director ejecutivo de Full Tilt Poker, Ray Bitar, que fue detenido la semana pasada en relación a este caso, ha quedado en libertad bajo fianza.

La fiscalía intentó hasta el último instante que Bitar tuviera que permanecer en prisión hasta la celebración del juicio, recurriendo a una apelación ante el juez Paul Engelmayer. Este juez no quiso interpretar las intenciones de la jueza Debra Freeman, la magistrada encargada de supervisar la detención de Ray Bitar y que estableció una fianza de 2,4 millones de dólares y los fiscales decidieron llegar a un acuerdo con la defensa para que, al menos, las condiciones impuestas para hacer efectiva su liberación fueran más rígidas.

Las nuevas condiciones estipulan que la fianza de Bitar incluya los 280.000$ en efectivo y la presentación de propiedades por valor de 715.000$ por parte de los cinco avalistas, entre familiares y allegados, que estaban reuniendo la fianza. El resto, hasta completar los 2,4 millones de dólares requeridos por la jueza, se completa con el valor de un almacén propiedad de Bitar.

Además de los requisitos económicos, la fiscalía ha incluido otras obligaciones en el acuerdo. Ray Bitar debe entregar un balance completo de sus activos. El ex-directivo de Full Tilt estará obligado a permanecer 48 horas en Nueva York mientras redacta este informe. Una vez haya entregado los papeles, podrá desplazarse libremente por los distritos Sur y Este del estado de Nueva York y por el distrito central de California, donde tiene su residencia. Bitar ha accedido a ser monitorizado electrónicamente por las autoridades californianas y a hacer acto de presencia en las vistas previas al juicio.

Para completar la farragosa crónica judicial del Black Friday, el Departamento de Justicia intentará que el ex-vicepresidente de Absolute Poker, Brent Beckley, no sufra un endurecimiento de su condena.

Beckley fue el primero de los responsables de las salas incluidas en las demandas abiertas en la víspera del Black Friday en entregarse a las autoridades. A cambio de su colaboración, la fiscalía presentó ante el juez un acuerdo por el que se recortaba la petición de prisión a tres meses de los 45 años que se pedían en la demanda original. El juez Lewis Kaplan ,encargado de ratificar el acuerdo, mostró su rechazo al mismo por la gravedad de los cargos imputados a Beckley.

La respuesta del Departamento de Justicia ha sido presentar una solicitud formal ante la corte para que la nueva condena recomendada por el juez Kaplan no supere los 18 meses, basada en la colaboración que el acusado ha prestado a la fiscalía y su voluntad de aceptar la pena que le será impuesta.